Revocación de Mandato a malos Servidores Públicos ¡YA!

Documento entregado el 20 de Septiembre de 2008 al H. Congreso de la Unión y el H. Congreso del estado de Aguascalientes

C. SENADORES DE LA REPÚBLICA POR AGUASCALIENTES

C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS FEDERALES POR AGUASCALIENTES

C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA XL LEGISLATURA DEL CONGRESO

DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E S

Las y los integrantes del COMITÉ CIUDADANO ILUMINEMOS AGUASCALIENTES, parte ciudadana mandante de la función que ustedes desempeñan, solicitamos el estudio y la legislación conducente para instituir en el sistema jurídico mexicano, en bien de funciones públicas impecables y ejemplificantes, la REVOCACIÓN DE MANDATO CIUDADANO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS ELECTOS POR VOTO POPULAR EN LOS NIVELES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, cuya conducta sea contraria al marco legal y ético que los rige, independiente del daño objetivo causado, pudiendo ser dicha revocación temporal en caso de sospecha o de simple, pero consistente rumor público.

Nuestra demanda se sustenta en lo siguiente:

En sentido moderno, democracia es una forma de convivencia social en la que todas y todos los habitantes de un pueblo son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos convenidos; democracia participativa, cuando se instrumentan mecanismos jurídicos necesarios para facilitar a la ciudadanía el desarrollo de su capacidad de asociación y organización para ejercer influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Los artículos 39 ([1]) y 41 ([2]) de nuestra Constitución Federal reconocen el poder inalienable de la ciudadanía para definir toda forma de gobierno público, consecuentemente es nuestro facultad decidir la instalación en el sistema jurídico mexicano el DERECHO CIUDADANO PARA REVOCAR EL MANDATO A TODO FUNCIONARIO PÚBLICO ELECTO POR VOTO POPULAR EN LOS NIVELES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, corrupto, ineficiente e incapaz, asumiendo la responsabilidad y custodia del gobierno de un estado de derecho.

Hartos y asqueados de vivir en la obscenidad de la riqueza y pobreza extrema -campesinado depauperado, trabajadores en la inmovilidad socioeconómica de regímenes esclavistas negados, juventud amputada de un proyecto de vida cierto y seguro por el desempleo creciente-; hartos de vivir el miedo, la angustia y la impotencia permanente que nos deja sin espacio alguno porque la oficina, la escuela, el transporte, la plaza pública y hasta el refugio de la intimidad: el hogar, fueron tomados por el funcionario público que se esconde en lo más siniestro y bestial de la delincuencia. Sí, del funcionario que no participa de las orgías de sangre de la decapitación, pero la limpia y la convierte en el sabido discurso verborréico que describe nuestra realidad, condena la delincuencia y aparenta aplicar la ley, al mismo tiempo que acumula y oculta riquezas ilícitas, para lo que solo tenemos un ¡¡¡BASTA!!! Un clamor de hartazgo que aunque ambiguo hasta ahora, es mejor que el mentiroso discurso emitido por alguno de aquellos políticos; que por su voracidad, codicia, avaricia e inmundo grado de falsedad han perdido ya su dimensión humana y se han ganado a pulso el repudio y la falta de respeto de quienes pretenden representar.

“Si no hay comida cuando se tiene hambre, ni medicamentos cuando se está enfermo; si hay ignorancia y no se respetan derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento” ([3]).

El juicio político y el desafuero establecido en el artículo 108 y siguientes de la Constitución Federal y reproducido por las constituciones estatales, incluida la de Aguascalientes, además de ser instrumentos de democracia indirecta y no de democracia directa, en casi cien años de vigencia, no han sido aplicados justamente -que no por intereses políticos- a ningún presidente de la república, a ningún senador, a ningún gobernador, a ningún diputado, a ningún presidente municipal, no obstante que nuestra historia política es rica en ejemplos de funcionarios electos por el voto popular que han violado la constitución y otras leyes, que han pisoteado derechos humanos, que han incumplido con sus obligaciones, que han hecho derroche de corrupción, sumiendo al pueblo en la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la inseguridad y la injusticia.

El juicio político ha sido totalmente ineficaz para que la Nación demande a los presidentes de la república, cuando han incumplido el juramento que hacen al tomar posesión, según lo establece el artículo 87 constitucional ([4]).

En términos de teoría constitucional, el mandato es una forma de democracia que permite la participación directa de la ciudadanía en asuntos públicos y como forma de ejercicio de democracia, no puede ni debe tratarse de un mandato irrevocable, aunque la Constitución Federal no lo prevea.

La revocación de mandato, como el sufragio, son instrumentos de la democracia directa, un derecho del pueblo para recuperar la soberanía que reside esencial y originariamente en él, cuando la ha depositado en personas que han violado su confianza, que han hecho mal uso o abuso del poder que les fue conferido, previo el cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales que les hemos venido a demandar legislar.

La revocación de mandato, además de confirmar la democracia, permitirá que todo representante popular sepa que no puede incumplir impunemente su mandato, que no puede abusar del poder, ejerciéndolo en beneficio propio, que no puede hacer uso de los recursos del pueblo para fines ajenos a los que corresponden, como ha venido sucediendo hasta ahora, porque la sociedad tiene los instrumentos jurídicos para retirarle la representación que le otorgó.

Entendemos que se trata de instrumentar una institución compleja que implicará la creación de procedimientos propios de la democracia directa o participativa, como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa popular; que implicará trabajo legislativo, tiempo y costo económico, todo lo cual, no se compara con el profundo daño que los malos gobernantes han ocasionado a México: desempleo, incremento de la pobreza y proporcionalmente concentración de la riqueza en menos personas, deterioro del medio ambiente, baja calidad en la educación, desatención a la salud y lo que más ha lastimado a la sociedad, lo que ha inducido a todo el país a emitir un grito de “¡ ¡ ¡ YA BASTA ! ! !”, la gravísima, inédita e incontrolable situación de inseguridad que azota al Estado y a nuestro País. No podemos permitir que por la incapacidad de nuestros cuerpos policíacos para enfrentar al crimen, las fuerzas militares de la Nación vuelvan a intervenir para imponer el orden, rebasando al municipio libre y a los ciudadanos. Urge tener un marco jurídico completo con la figura de revocación de mandato para hacer prevalecer paz y tranquilidad con base en la civilidad en vez de las armas.

La sociedad plena lo exige. El hecho de que una enorme cantidad de personas hayamos tomado las calles simultáneamente en Aguascalientes y en varias otras ciudades del país, de forma ordenada, silenciosa, pacífica pero con rabia contenida, debe ser una muestra clara de que no toleraremos una mediatización de la exigencia.

Señoras Legisladoras, Señores Legisladores de Aguascalientes, esperamos de ustedes la atención y acción que la sociedad les demanda y no permanecer en la pasividad o en supuestas acciones, como lo han venido haciendo los titulares de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal.

A T E N T A M E N T E

COMITÉ CIUDADANO ILUMINEMOS AGUASCALIENTES

Dra. Enriqueta Medellín Legorreta, Lic. Verona Valencia García, Lic. Gustavo Báez Leos, C.P. María Eugenia Sánchez de González, Lic. Martín Barberena Cruz, C.P. Sara Patricia Ramírez Domínguez, M. en A.. José Luis Gutiérrez Lozano, Lic. Marcela Martínez Roaro.

Aguascalientes, Ags. 20 de septiembre de 2008.

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[1]. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

[2]. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas...

[3]. Palabras pronunciadas por el líder africano Nelson Mandela en Ushuaia, en 1998:

[4]. Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."